miércoles, 21 de noviembre de 2012

DIVULGATIVOS: GRABE SU PLENO MUNICIPAL Y PUBLÍQUELO: TIENE DERECHO


TRANSPARENCIA | Frente a las prohibiciones de varios alcaldes

Desde Ibi a Pinto, desde Matillas a Pelayos de la Presa. Varios alcaldes de localidades repartidas por toda España niegan a ciudadanos, con cargo público o a título particular, la grabación de los plenos municipales, que son públicos. La respuesta civil es organizarse y denunciar estos comportamientos que entorpecen la transparencia.
Los plenos de los ayuntamientos se pueden grabar, aunque el alcalde diga lo contrario. Al menos así lo expresan una multitud de sentencias y el propio el Defensor del Pueblo en varias recomendaciones enviadas a diferentes localidades españolas cuyos regidores han prohibido la grabación de las sesiones públicas. El límite, como bien señala el abogado Pablo García Mexía en una reciente columna, la grabación indiscriminada que entorpezca las sesiones.
El penúltimo y polémico caso ha tenido lugar en Matilla, un pequeño municipio de Guadalajara con 168 habitantes, regido por el Partido Popular. Su alcalde, Ignacio Gordon, se ha negado en repetidas veces a que dos vecinas del pueblo graben los plenos municipales.
Mónica Sánchez, de 41 años y dedicada al cuidado de mayores aunque ahora en paro, llegó a este pueblo hace ocho años desde Parla. Junto con su amiga Vanesa empezaron a grabar los plenos de Matilla hace dos años (primero en audio, luego en vídeo) porque lo que veían era "tan llamativo, tan caciquil, que si se lo cuentas a alguien no se lo cree", asegura.
Hay, por ejemplo, cuatro concejales independientes (antes formaban parte del Partido Popular) y un quinto del PP a quien "humillan todo el tiempo, jamás le dan la palabra", comenta Mónica. Todos ellos mayores de 75 años, apunta.
A principios de mes, y según informaba la prensa local alcarreña, el alcalde llegó a llamar a la Guardia Civil, en un pleno celebrado el 27 de julio de este año, para expulsar a Mónica. Su argumento: "Aquí se hace lo que yo digo". Luego llegó la multa, de 302 euros, impuesta por el subdelegado del Gobierno de Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. "Estamos multadas no por grabar, sino por 'perturbar' el orden publico, lo que pasa es que no es cierto y podemos demostrarlo por las grabaciones".
El Defensor del Pueblo sostiene en varias resoluciones que las sesiones de los plenos son públicas y, como tales, pueden ser grabadas y difundidas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/navegante/1353498089.html